Llegó el INAI para convencernos que el uranio no es malo

11/06 – 09:30 - Esta es la reflexión final que le dejó a la familia Limonao la llegada del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a Las Heras en el marco del conflicto suscitado alrededor de la exploración de uranio en Laguna Sirven y las estancias cercanas a esa localidad. Reclaman que el Instituto no les trajo soluciones ni les ha tramitado la personería jurídica. La pregunta que se hacen hoy es ¿Para qué llegó el INAI a Las Heras?.
El 11 de mayo pasado llegaron a Las Heras integrantes del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en medio de la controversia generada por la tenencia de las tierras por parte de los aborígenes de la zona y la necesidad empresaria de realizar exploración y cateos de uranio en determinadas áreas cercanas a la localidad.
Básicamente lo que nos relató la Sra Alicia López, persona instruida que ayuda y guía a la familia del Cacique Limonao desde hace varios años, es que interpretó que esta gente había sido enviada allí para resolver los problemas de los indígenas como por ejemplo la reafirmación de sus derechos sobre la tierra, la gestión de un mínimo bienestar para los integrantes de las familias que viven en paupérrimas condiciones y fundamentalmente creyó que el INAI les iba a resolver un trámite fundamental que están pidiendo desde hace mucho tiempo, que es la personería jurídica. Sin embargo la Sra López reconoció que nada de esto sucedió.
“Estuvimos reunidos en el gimnasio Deportivo y allí nosotros les pedimos ir al campo para mostrarle las excavaciones que ha dejado Fomicruz – empezó diciendo López – pero como la Municipalidad no nos pudo proveer de camionetas, hicimos el viaje en un micro que por las características del terreno que hay allí, no pudo entrar en los campos que nosotros queríamos que vieran, solo accedimos a Villa Picardo y en ningún momento pudieron ver los lugares donde ha trabajado Fomicruz. En ese lugar se puede ver el verdadero desastre que han dejado en la tierra”, señaló la mujer a OPI.
Los integrantes del INAI que viajaron a Las Heras les dijeron a las familias que a su criterio debían aceptar las tareas de exploración y explotación, porque el uranio no es malo; por el contrario hicieron hincapié en el progreso que trae este tipo de minería en lugares que son “privilegiados” por contener estas riquezas que redundan en beneficio de la población en forma directa.
Más allá de esta tarea de “concientización” los funcionarios del INAI les aseguraron que se iban a respetar las leyes y que se les restituirían las tierras que a lo largo del tiempo le quitaron a la familia Limonao. “Dijeron eso pero no dijeron cómo ni qué harían al respecto; además insistieron en que la plata para ayudar a arreglar el campo, poner la luz, comprar las bombas y hacer las casas, está desde el año 1995, cosa que nosotros no teníamos conocimiento y que tampoco aclararon”, prosiguió relatando López.
Alicia, quien es una amiga allegada a la familia de aborígenes de esa localidad, se encuentra comprometida en la búsqueda del bienestar de la familia Limonao y remarcó en varias oportunidades que no entiende por qué el Estado no da cumplimiento a la Ley que crea el Plan Cacique Limonao, donde está todo perfectamente establecido y claramente detallado, cuestión que – dijo – ninguno de los gobiernos se ha preocupado por cumplir.
“Yo creo que la gente del INAI vino a ver si realmente a los Limonao les interesa la tierra o es una cuestión económica. Pero yo he hablado con la familia y todos están de acuerdo en rechazar la explotación minera en sus campos. Fomicruz ha estado tapando algunos pozos y son los más interesados para que el Cacique tome los 42 mil pesos que hay depositados en el Banco ya que, por los dichos del propio Presidente Miguel Ángel Ferro, “esa plata no puede volver a Río Gallegos”, agregó la mujer.
¿Qué es el INAI?
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha sido un organismo muy cuestionado todos estos años, especialmente por las comunidades aborígenes del país, donde ha llegado para interceder en alguna cuestión en la que la minería, principalmente, ha chocado con los intereses territoriales de los naturales de un lugar.
El INAI ha sido puesto en duda por sus propios empleados y se le endilga un acercamiento muy sugestivo a los intereses tanto del gobierno como de las empresas mineras que se han instalado en sectores o regiones donde la tierra es propiedad de los aborígenes que habitan la zona desde sus ancestros.
Entre las principales funciones de este Instituto figuran algunas tales como:
- Dispone la inscripción de comunidades indígenas en el REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS (RENACI). Para ello coordina su acción con los gobiernos provinciales y presta el asesoramiento necesario a las comunidades mediante el desarrollo de talleres de capacitación a los efectos de facilitar los trámites.
- Es responsable de arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el imperativo constitucional de “…reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan…” y regular, además la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano (Art. 75, Inc. 17, de la Constitución Nacional).
- Promueve la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario.
- Coordina programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogías aborígenes, acciones de recuperación cultural y a investigaciones históricas protagonizadas por las comunidades.
- Promueve espacios de mediación y participación indígena en las temáticas afines a los intereses de las comunidades, como recursos naturales y biodiversidad, desarrollo sustentable, políticas de salud, comunicación y producción, gerenciamiento y comercialización de artesanías genuinas.
Dentro del marco normativo nacional para el tratamiento de los asuntos indígenas, dentro de las Disposiciones constitucionales (Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional) figura la de “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
La renuncia y sus motivos
Con fecha 15 de julio de 2004, en una carta enviada a la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, Anna Suárez Smink (DNI 27.010.913) del área de Personería Jurídica del Registro Nacional de Comunidades Indígenas interpuso su renuncia indeclinable al INAI que encabezó de la siguiente manera:
“Me he desempeñado en el área de personería jurídica del INAI desde Enero del año 2000 hasta la fecha en donde fui asumiendo, a pesar de mi corta edad, cada vez más responsabilidades hasta quedar de hecho a cargo. No por haber sido nombrada por ningún funcionario político, sino, por ir llenando, con un inestable contrato de locación de servicios, vacíos y faltas de dirección, debido al compromiso personal que tengo con la causa de los pueblos indígenas y porque soy una convencida de que este Estado tiene que cambiar y que no lo puede hacer si no comienza por hacer una revisión y una crítica a su forma genocida de constituirse”.
Más adelante Smink detalla otras causales de su decisión “Gestión tras gestión he tenido, al igual que mis compañeros, que adecuarme a los criterios cambiantes de cada Presidente del INAI cumpliendo con mi tarea de la mejor manera posible en condiciones de trabajo donde la imprevisibilidad y la improvisación son moneda corriente. Hoy me encuentro con que me resulta imposible la realización de mi tarea debido a que, una vez más, no hay lineamientos transparentes de trabajo y los varios trabajadores especializados y comprometidos con los que cuenta el INAI nos vemos librados a la buena interpretación de consignas de trabajo arrojadas en reuniones cortas y poco precisas sin la dedicación que la complejidad de cada caso requiere. De esta manera, quedan a nuestro criterio la toma de decisiones sobre cuestiones en donde la “objetividad” no existe y ante la falta de dirección política actuamos hasta que nuestras acciones no son del agrado de la conducción, o afectan algún interés, y comienzan los problemas”.
Luego concluye “Mi renuncia es una expresión de cansancio y de pérdida de esperanzas de que desde esta Institución se pueda aportar a modificar algo de la realidad actual de los pueblos indígenas. Quiero dejar asentada mi preocupación por la, una vez más, falta de un política clara y comprometida con el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios reconocidos por el Estado Argentino. Esta gestión del INAI no tiene un proyecto político que apunte a cambiar estructuralmente la relación del Estado con los Pueblos Originarios sino que se sigue manejando con políticas asistenciales y compensatorias que lo único que consiguen (y cada vez con menos éxito) es apaciguar el tono de los cada vez más sólidos reclamos de los pueblos indígenas que habitan en nuestro país”.
Con una crítica directa hacia la existencia del Instituto señala “Me pregunto qué política indígena tiene este gobierno si las políticas hacia los pueblos indígenas pasan exclusivamente por un Instituto semi- autárquico, sin estructura propia ni participación indígena, creado por una ley que fue ampliamente superada por el espíritu de nuestra constitución nacional y del derecho internacional en materia de pueblos indígenas, y cuyas acciones transcurren sin pena ni gloria por la vida política nacional”.
Más adelante amplía los cargos “A las falencias estructurales e institucionales que considero tiene el INAI, se le suma la designación para presidirlo de personas, como el Dr. Jorge Rodríguez, con actitudes y posiciones totalmente contrarias a las demandas de los pueblos indígenas, que se divierten y juegan ambiguamente con los supuestos conflictos internos de las comunidades indígenas mirando y provocando falsas divisiones que usan como excusas para la inacción y la falta de respuesta a reclamos estructurales como son la restitución del territorio a los pueblos originarios y el control de sus recursos naturales. Cómo puede ser que este gobierno que se jacta de querer construir un nuevo país basado en el combate a la injusticia social ponga a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a una persona que envía a sus técnicos a las comunidades a “ver que tan truchos son estos indios” o que deslegitime los reclamos de comunidades indígenas con argumentos dignos de otras épocas afirmando que algunos reclamos de las comunidades indígenas son producto de la presencia de “agitadores políticos”.
Finalmente cierra la nota con una breve reflexión “Lamentablemente compruebo, una vez más, que este gobierno, al igual que los que pasaron, tiene otros intereses que proteger. Desgraciadamente empezar a saldar la deuda que el Estado Argentino tiene con los pueblos indígenas es un tema que no tiene cabida en su agenda”.
Otros cuestionamientos
El 16 de julio de 2008 la Agencia de Noticias de Salta Copenoa, tituló un artículo de la siguiente manera: “El INAI y el IPIS esta haciendo todo a espaldas de las Comunidades”.
Más adelante informó que Ramón Valencia dirigente Guaraní, de “La Loma”, cercana a la ciudad de Hipólito Yrigoyen, al norte de la provincia de Salta, denunció que el INAI (Instituto Nacional Indígena), esta propiciando divisiones en las comunidades originarias, avalando a dirigentes que colaboraron con el Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.R.L aceptando y haciendo firmar una autorización a miembros de la comunidad para poder ingresar a “La Loma”, tierras que los indígenas reclaman como propias y que se encuentran en litigio en la justicia provincial.
Posteriormente el 21 de marzo de 2009 en el diario El Chubut apareció otra nota referida al Instituto donde se transcribe un Acta elaborada ante la visita del INAI a la comunidad aborigen local. En uno de los pasajes se señala:
En la comunidad Prane, ubicada en el lote 4 de dicha comunidad (Paraje Nahuel Pan), se reunen (xawvn), se reunieron el longo Cipriano Prane con sus respectivos Werquen e integrantes de la comunidad, con el objetivo de evaluar la actitud que ha tenido el I.N.A.I con respecto a nuestra comunidad, tomando atribuciones que no le corresponden, al reunirse con algunos miembros de esta comunidad sin autorización del Longo, conformando así una comunidad fuera de nuestro espacio territorial. De esta manera ha violado los principios ideológicos y filosóficos de los derechos de los pueblos indígenas.
Otra perlita
En oportunidad de desarrollarse el Seminario de Pueblos Indígenas y participación en las Políticas Publicas, Territorio y Ley de Bosques los días, el 11 y el 12 de junio de 2008, uno para el debate, otro para números artisticos; el primero, en la céntrica Secretaria de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires y el ultimo en la mismísima Plaza de Mayo, “bastaron para una rica discusión con distintas mesas de debate convocadas por la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaria de Ambiente, que estrenaba director, el mapuche Roberto Ñancucheo, que ofició de moderador en la primera jornada, reemplazando al también mapuche Jorge Nahuel, que transitó cuatro años en el cargo y tuvo las palabras de inicio en la mañana del 11 de junio en una calefaccionada sala, completa con representantes indígenas de todo el país” relata el sitio digital “delorigen.com.ar”
Después señala “Luego se pidió a los asistentes por preguntas a los integrantes del panel. Cuando comenzaron se dejó observar un cierto sentimiento de fastidio de los concurrentes por la no presencia de autoridades del INAI, fastidio, que trasladaron a la mesa. Las presentaciones de cada uno concluyeron pasado el mediodía cuando se hizo un intervalo para ir a almorzar.
“Es una vergüenza que no venga ningún dirigente del INAI (Davisd Sarapura) Pascual esta desmantelando la participación indígena (Felisa Curamil) El eje central de la reunión debería ser qué hacemos con el presidente del INAI (Fidel Kolipan). El INAI nos esta desonociendo, quiero ser breve pero la bronca es imposiuble contenerla”, manifestó en la reunión Sofia Miñañir, una aborigen.
La intervención de los tres técnicos del INAI duró en total unos 15 minutos de exposición, respondiendo algunas preguntas relativas al presupuesto y a temas técnicos, porque obviamente es hasta allí donde ellos podían responder, expresa el sitio.
El INAI enseña minería
En Jujuy el INAI encontró una forma de apoyar a los aborígenes del lugar incorporándolos al conocimiento de las técnicas del lavado de oro. Es así que la publicación “Panorama Minero de San Juan” hace un relato pormenorizado de este emprendimiento y expresa en un tramo de la nota: “El jefe del Departamento de Desarrollo Minero de la Dirección de Minería de la provincia, Walter Cabezas explicó los avances y perspectivas del Programa de Lavadores de Oro encarado por ese organismo junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), y la asistencia técnica del Servicio Geológico Minero (Segemar)”.
El programa posibilita el desarrollo de minería artesanal para los habitantes de la Puna y Quebrada, según reseña la noticia y para implementarlo previamente se realizó un relevamiento de la cantidad de lavadores de oro que existían y se comprobó que podían trabajar 18 comunidades, que por entonces significaban alrededor de 200 personas que, como mano de obra directa formarían grupos de 12 a 14 personas.
Luego aclara que “En base al estudio se realizó el proyecto en el 2005, se trabajó con todo el presupuesto con los grupos de trabajo, equipamiento, las herramientas manuales, y los elementos de uso personal de seguridad de la gente. Gestionaron así el subsidio que otorgó el Inai quien aprobó el proyecto de una inversión estimada en 680.000 mil pesos”.
De acuerdo a la información en esta tarea los grupos de trabajo de lavadores de oro sacaban hasta 15 gramos por día siguiendo los procedimientos artesanales, y sumando los elementos que permitían una más eficaz tecnificación.
En relación a los impedimentos que pudieran encontrar, la nota relata claramente que estos no existieron porque “solo se trató de comunidades aborígenes”. Al respecto expresa “No tuvieron problemas de rechazo de las comunidades que no estuvieran de acuerdo con la minería porque se trata de grupos aborígenes. De hecho en algunos casos, donde no había lugar porque muchos lugares tenían pedimentos tramitados en el Juzgado Administrativo de Minas, se ha hecho convenio con los titulares de los pedimentos entre la comunidad aborigen y el titular de los pedimentos mineros, de tal manera que le concedieron franjas para que puedan lavar material. Esto les sirve como una exploración para los dueños de los aluviones”.
INAI en un concepto
El 14 de noviembre de 2004 en una entrevista realizada por ANRED a Mauro Millán, Mapuche de la comunidad Once de Octubre de Esquel, ante la pregunta de ¿Cuál era la postura del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ante la situación de los pueblos indígenas?, Millán contestó:
“El INAI es un organismo obsoleto, anacrónico, inservible y es la imagen más clara que tenemos del Estado y de los gobiernos que se van sucediendo en materia de política indígena. Para nosotros el INAI es la clara imagen de lo que piensa el Estado sobre la situación de los pueblos originarios.”
Otra de El Chubut
Durante un encuentro aborigen los días 25 y 26 de septiembre de 2008 en Comodoro Rivadavia, en el marco del Seminario Argentino-Chileno de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Territorio y Recursos Naturales, se elaboró un documento que expresa textualmente en sus partes fundamentales:
“La Comunidad Motoco-Cárdenas exigimos el reconocimiento de nuestros derechos sobre los territorios, que están siendo constantemente avasallados por parte de particulares que se encuentran en convivencia con el poder político municipal de Lago Puelo, quienes atentan contra el recurso del agua.
Exigimos la restitución de nuestros territorios. Denunciamos la usurpación y el alambrado de nuestro espacio territorial.
La Comunidad Indígena Cayun, exigimos que las autoridades municipales de Lago Puelo reconozcan a los pobladores y dejen de vulnerar nuestros derechos. Exigimos también que no se nos discrimine y se nos reconozca como sujeto de derecho.
Llamamos a la reflexión sobre el uso irracional del recurso agua, que es utilizado en forma indiscriminada para el uso de la minería, esta es la situación que se vive en las comunidades en las Pcias. De Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Denunciamos que el Instituto Nacional de Asuntos indígenas
( I.N.A.I). no responde a los intereses de los pueblos indígenas y obstaculiza el derecho al territorio ancestral que debiera respetar y proteger.
Las Empresas multinacionales, llevan de la zona Cerro Cóndor las piedras preciosas, y desbastan asi nuestros territorios.Los pueblos Mapuche-Tehuelche de la Pcia. de Chubut exigimos a nuestros hermanos y hermanos unirnos en la lucha contra la explotación de la minería en forma indiscriminada sobre nuestros territorios”.
Entrevista
El sitio Indymedia reproduce una entrevista a Jorge Nahuel nota que titular con una frase del entrevistado: “El INAI esta actuando hoy de una manera absolutamente ilegal“. Parte del texto indica:
“Del Origen entrevisto al Director de Pueblos Originarios en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el mapuche Jorge Nahuel, que nos dio su visión actual después de cuatro años en el cargo, sobre diversos aspectos que ocupan el horizonte originario. Fue una hora de charla entre otros temas sobre su experiencia al frente del organismo -pese a lo cual no ahorro criticas al estado-, la situación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la religión, los conflictos en el mundo mapuche, el Congreso de Parques Nacionales, Bolivia y algo mas. Todo desde la aguda óptica del werken de la Confederación Mapuche Neuquina
Por que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no es dirigido por un indigena?
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hoy esta actuando de una manera absolutamente ilegal. Ilegal, me hago cargo del termino que utilizo porque la ley 23302 que le da origen al INAI exige que el INAI tenga rango ministerial que no lo tiene porque hoy depende del Ministerio de Salud y Acción Social, que tenga autonomía administrativa y jurídica, que tenga una fuerte participación de los pueblos indígenas en su implementación y fundamentalmente que tenga un presupuesto adecuado al pueblo indígena. Nada de eso hoy lo cumple. Por lo tanto esta en un absoluto funcionamiento ilegal.
¿Y por que no cumple esas exigencias?
Es una ley que tiene 20 años de existencia, no es la ley mas moderna la que creo el INAI. Es una ley que en algunos puntos es obsoleta, pero el estado ni siquiera con una ley que tiene 20 años se anima a cumplir y es una tremenda deuda que tiene el estado argentino con el pueblo indígena. Cabeza originaria, capacidad originaria hay mas de una para ocupar ese rol pero hoy es totalmente inadecuado que un indígena pase a dirigir una institución que se ha ido devaluando progresivamente, ese es mi punto de vista. Hoy corresponde que los pueblos indígenas generen un proceso de debate y movilización para exigir al estado que el INAI adquiera la entidad que corresponde segun la ley.
El INAI esta regido por un enfoque, que yo cuestiono, que es un enfoque de pobreza. Se identifica a los pueblos indígenas como a los pobres y marginales que hay que asistir. No se los identifica como actores políticos, como pueblos que tienen derecho a un autogobierno, un territorio a controlar sus recursos naturales. No se los visualiza así.
El INAI tiene ahora una herramienta que es la ley de relevamiento territorial, que es muy poderosa y estamos queriendo contribuir por todos los medios para que el INAI la pueda adecuar. El CPI (Consejo de Participación Indígena) tiene un papel muy importante en la aplicación de esa ley y se esta trabajando para que todas las provincias tengan muy pronto otorgado su equipo técnico para implementarlo”. (Fuente: Agencia OPI Santa Cruz)
http://www.opisantacruz.com.ar/home/2009/06/11/llego-el-inai-para-convencernos-que-el-uranio-no-es-malo/6395

CERRO CAZADOR Y ELDORADO ACUERDAN MÁS EXPLORACIONES

La minera Cerro Cazador (Hunt Mining), de larga trayectoria de exploración en Santa Cruz, suscribió un acuerdo con Eldorado Gold Corporation, para ampliar la exploración en el Macizo del Deseado. Cerro Cazador conducirá las actividades de exploración en las 20 propiedades que posee como concesiones de exploración y en seis concesiones de descubrimiento, que suman un total de 2.013 km2.

http://www.miningclub.com/nota/2314

El diputado Álvarez, entre el lobysmo minero y la defensa de la política de entrega kirchnerista

12/07 – 17:30 – Leonardo Álvarez, diputado provincial que saltó a la fama a través de una nota de OPI, donde se lo expuso como cómplice de “apretar” a las mineras para que contraten los servicios de su empresa, volvió a la carga en los medios, para explicar (o embarrar) la inconcebible medida que tomó, junto a los legisladores de La Cámpora, para evitar que prospere un proyecto que intenta cobrarle a las mineras cada vez que hacen un negocio entre ellas, con los recursos naturales de la provincia.

“Lo que no tiene explicación, es inexplicable”. Esta verdad de Perogrullo parece aplicable a la acción incomprensible que tuvo parte de la legislatura provincial, en la última sesión y las declaraciones posteriores que hizo el diputado Leonardo Alvarez, después que se dispararan las críticas.

No es para menos; Álvarez y el sector de La Cámpora, junto al Vicegobernador que no se sabe bien de qué lado está, evitó que prosperara un proyecto de otro diputado del FPV, para que la provincia le cobre a las empresas mineras, un porcentaje por la venta de los yacimientos y de esa manera deje una participación obligatoria de transacciones multimillonaria que hoy la provincia “solo ve pasar”.

A raíz de ello y de las distintas implicaciones que llovieron sobre los disputados por la incongruencia de su accionar, incompatible con la realidad que vive la provincia, Leonardo Álvarez, de San Julián, salió a expresar por distintos medios lo que parece ser el fundamento de la decisión de 12 diputados, que – aparentemente – no quieren, temen o se niegan, a “tocar” el bolsillo de las mineras.

El legislador, recordemos, es empresario transportista (de las mineras), fue denunciado por la Cámara Minera, precisamente, debido a que extorsiona a las empresas para que contraten los servicios de su transportadora, quejándose las operadoras que le cobra 10 veces más que lo normal, por el mismo trabajo. Es, además, Presidente de la Agencia de Desarrollo de San Julián y como diputado armó un escándalo para integrar la “Comisión de minería”, dado que sus pares (con buen criterio) le habían marcado la incompatibilidad para incorporarse a esta comisión que debe decidir sobre cuestiones que hacen a su propio negocio. Hizo tanto lío, que finalmente, su amigo, el Vicegobernador Fernando Cotillo, a su vez Presidente del Cuerpo legislativo, “autorizó” que Álvarez se “agregara” a los 10 miembros y con voz y votos para decidir sobre cuestiones de minería, nicho donde tiene depositados sus negocios empresariales.

El legislador salió a defenderse de las críticas y a justificar “sus miedos” a la hora de tener que apoyar este cánon a la transferencia minera. Contrariamente a lo que sucede con otros temas, Álvarez y los integrantes de La Cámpora se mostraron muy sensibles ante la posibilidad de estar “afectando la Constitución” y ante la duda, mandaron el proyecto a Comisión, sin pensar que el mismo había tomado estado parlamentario luego de pasar por tres comisiones que avalaron su legalidad.

“…no nos interesa sacarle recursos a nadie ni extorsionarlos de ninguna manera” dijo Álvarez en tren de justificar la inusual precaución que tomaron los diputados ante un proyecto que solo intenta tomar dinero de una renta financiera que obtienen las operadoras mineras, por la venta de los yacimientos que son de la provincia.

“Este famoso canon extraordinario que colisiona con el Código de Minería Nacional en realidad no es un impuesto sobre la renta minera que realmente seria un impuesto progresista, porque a quienes más ganan les haría pagar más, simplemente grava las transferencias de propiedades mineras y mas allá de ser inconstitucional es impracticable porque la realidad nos indica que las empresas no hacen transferencias sino traspasos de acciones, es decir, un accionista vende sus acciones a otros en extraña jurisdicción pero la empresa sigue siendo la misma”, agregó el diputado.

Ningún representante minero en la Cámara podría haber defendido mejor a las empresas multinacionales. A estas alturas, no hay duda que Álvarez y Cia constituyen un grupo lobysta de las mineras y si no estuviéramos en Santa Cruz, donde la realidad pasa por otro lado para la justicia, tendría que haber un Fiscal o un Juez que actuara de oficio, investigara las relaciones comerciales, los intereses personales, familiares y empresarios de quienes prefieren retardar el cobro de un canon minero a las empresas extractivas, alegando cuestiones legales de discutible interés para Santa Cruz.

En su afán por cargar las tintas en ciertas modificaciones a la Ley de regalías mineras, que es la excusa más a mano que tiene para dilatar infinitamente cualquier aprobación de otro gravámen a las mineras, el diputado-empresario, olvidó que desde el 2003 los diputados y senadores de su partido tienen mayoría en el Congreso y nunca se presentó un proyecto para elevar el porcentaje de regalías que pagan las operadoras, simplemente, porque no han querido hacerlo.

Como si esto fuera poco, Álvarez confirmó lo que OPI publicara el mismo día en que en la Cámara se produjo el rechazo de este canon minero. Allí dijimos que Álvarez había recibido la orden del Secretario de Minería, Mayoral, quien le habría indicado que “parara ese proyecto”, como finalmente ocurrió. Alvarez lo reconoció públicamente y dijo que, junto al Subsecretario de minería de la Provincia, “fueron coincidentes
en que no era la forma de proceder para obtener este dinero”, algo totalmente insólito, si tenemos en cuenta que el estado provincial y nacional, no se ha destacado por su mesura, a la hora de hacerse de fondos y para tener un ejemplo muy cercano, recordemos lo sucedido con YPF.

La supuesta ilegalidad del proyecto o la sostenida “colisión con la Constitución y el Código de Minería”, no es tal, como lo plantea Álvarez y Cia, quedando en clara evidencia que se trata de una maniobra dilatoria, para preservar a las mineras de abonar un porcentaje por las transacciones que hacen entre ellas, utilizando activos del subsuelo provincial. Es muy difícil no interpretar que existe, de parte de quienes apoyan esta insólita medida, intereses creados, ya sean hacia las mineras en forma directa o de obediencia hacia las órdenes impartidas desde el gobierno nacional, claramente comprometido con sostener a bajo costo para las multinacionales, la extracción de los recursos naturales en todo el territorio nacional.

Recordemos lo que dice la Constitución nacional en su Art 124:

Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

El Código de minería, al que hace referencia Álvarez y con el cual, supuestamente, colisiona el proyecto del cánon minero en su artículo 7, expresa:

Artículo 7°-Las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren. (Agencia OPI Santa Cruz)

http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/07/12/el-diputado-alvarez-entre-el-lobysmo-minero-y-la-defensa-de-la-politica-de-entrega-kirchnerista/14614#more-14614

Casi toda la Patagonia con el mayor índice de muertes por cáncer

Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Santa Fe son las cinco provincias con mayor mortalidad por casos de cáncer del país.

Estos datos pertenecen al Instituto Nacional del Cáncer de Argentina del período 2008-2010.

La tasa de estas provincias oscila entre 118 a 158 muertes por 100.000 habitantes, esto quiere decir que de cada 2.000 personas, más de tres morirán de algún tipo de cáncer en el proximo año.

Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo, por eso queremos reiterar un artículo que hiciéramos en enero de 2010 y que tituláramos:

Cáncer en Santa Cruz, lo que se oculta 

 

No solo en la zona norte de la provincia, en toda la provincia los casos de cáncer de diferentes tipos flagelan a la población.

Solo basta con hacer un simple ejercicio, tomamos 10 personas que no estén vinculadas entre si y preguntémosle cuantas personas conocen o conocieron con algún tipo de cáncer en los últimos 4 años. Los resultados serán alarmantes.

Los acuíferos están contaminados con la recuperación secundaria de la petroleras, nuestros hijos juegan debajo de los transformadores con el letal PCB, el agua que consumimos del río Gallegos trae los desechos tóxicos de la mina de Río Turbio que se incrementarán enormemente con la Megausina, los diques de colas de las mineras no tienen ningún control del estado, no se elimina el arsénico en el agua de Pto Deseado y Tellier, los niveles de manganeso en la Cuenca Minera son elevadísimos, esto es solo como para mostrar algunos ejemplos que día a día matan a nuestras familias y nos consolamos diciendo "fue la fatalidad", cuando la realidades otra.

 

Otro punto de vista expresado en un resumen del reportaje a la Dra Ana María Pizzuto de Caleta Olivia hecho por Prensa Libre:

Ejerció veinte años la profesión de patóloga en la ciudad petrolera de Caleta Olivia, asegura que desde un principio viene advirtiendo sobre el aumento progresivo del cáncer en toda zona norte. Fue consultada por organismos públicos y privados ya que era la única que tenía datos fehacientes, luego le sacaron esa facultad y se la dieron a una médica generalista, por eso «descreo de las estadísticas santacruceñas», dijo. 

Ana María Pizzuto confesó a Prensa Libre la triste realidad que le ha tocado conocer desde el lado de la profesión, asegura que «no hay peor ciego que el que no quiere ver», porque desde que llegó en 1989 «vengo advirtiendo sobre el aumento progresivo y constante de tumores malignos en la zona norte».

 

La primera experiencia al respecto fue con gente de Pico Truncado ni bien empezó a ejercer: «cuando me llegaban Papanicolaou de la zona norte, en particular de Pico Truncado, noté una particularidad y era el alto grado de inflamación que había en las muestras que me llamó mucho la atención».
En este marco asegura que las explicaciones que le daban en principio era que esto respondía en general a mujeres que ejercían ciertas prácticas sociales como la prostitución, sin embargo Pizzuto pudo constatar que las muestras eran de mujeres de todo tipo de estrato social. 

Posteriormente «empecé a buscar qué características tenían todas estas mujeres. y no hubo duda que era el agua. Quien tenga la posibilidad de tomar agua en Pico Truncado, tiene un sabor muy particular, muy salado y amargo» sostuvo. 

Este fue el primer episodio con que la médica comenzaba a tomar conciencia de la problemática, Pizzuto asegura, porque como profesional posee los archivos que lo comprueban, que en Caleta Olivia «lo que tenemos es un alto índice de cánceres de cuello uterino, cada vez en mujeres más jóvenes, también aumentó el cáncer de colon y de mama, y en ciertas zonas de la provincia es llamativo la presencia de linfomas y leucemias producto de la presencia todavía de transformadores refrigerados con PCB».

 

Por otro lado no asegura que haya una relación directa entre contaminación petrolera y cáncer, ya que «no hemos podido hacer estudios completamente serios al respecto, debido a que cuando lo intentamos nos encontramos con que era un laboratorio que estaba directamente relacionado con YPF». En el caso petrolero «tampoco sé qué es lo que se inyecta con la recuperación secundaria, en su momento era bentonita, pero ahora no sé con qué lo suplantaron, sé que es un polvo blanco», dijo.

Registro

«La Provincia tiene un registro provincial de tumores, pero no sé a quién le piden los datos, en su momento me los pedían a mí, tanto en lo oficial como en lo privado, hasta que de golpe nunca más me los pidieron, y se los empezaron pedir a una médica generalista que no sé cómo puede saber quiénes están o quiénes no están, de qué se murieron, de qué eran los cánceres, honestamente yo no creo en ninguna estadística de Santa Cruz», expresó Pizzuto. 

Asimismo informó que «muchas de las personas que tienen cáncer son rotuladas y llevadas a Buenos Aires, y si fallecen se registran allí y no quedan en nuestro registro». Finalmente asegura que viene hablando de este tema desde hace mucho, pero que «obviamente políticamente no conviene decir que las petroleras están contaminando el agua»

Quejas y rechazos a la actitud de La Cámpora y el Vicegobernador de no querer cobrarles a las mineras

10/07 – 12:00 – La inaudita votación de 12 diputados en la última sesión, no haciendo lugar al tratamiento de un proyecto que pretende cobrarle a las mineras que se revenden entre sí los proyectos, como si fueran autos usados, un 10% a la transferencia minera, mereció el repudio de la UCR, que – paradójicamente – sí votó a favor de esta medida. La actitud de los legisladores, no solo levanta suspicacias, sino que a estas alturas alientan la existencia de connivencia y corrupción entre el sector político y las empresas que actúan en Santa Cruz.

Con la excusa de “analizar si no colisiona con las leyes nacionales en la materia”, 12 diputados de La Cámpora, incluyendo el Vicegobernador Fernando Cotillo, “mandaron a comisiones” el proyecto de otros diputados del FPVS que solo pretenden que las mineras paguen un 10% cuando se venden, unas a otras, los yacimientos como su fueran autos usados, solo que más caros. El de Cerro Negro, se vendió por 3.400 millones de dólares y el Cerro Moro 400 millones de dólares. De este “pase de manos” de una empresa a otra, Santa Cruz no vio ni un peso. Sobre esto tratan de legislar, un grupo de diputados peronistas que, pretenden obtener un mínimo de beneficio de estos impresionantes negocios que hacen otros con la riqueza de la provincia.

Entre quienes votaron contra este impuesto estuvieron los que responden a La Campora, Leonardo Álvarez, Federico Boldovich, Matías Besi, Gómez, Paiva, Stella García, Galván y Guanes; y los diputados Arabel de Calafate, Atanacio Perez Osuna y Páez de Río Turbio, Quintana de Caleta Olivia y como había empate, en un primer momento, desempató el Vicegobernador Fernando Cotillo, para que el proyecto no se aprobara.

Es importante, desde el punto de vista periodístico, hacer un seguimiento de estas personas, algunas de las cuales tienen intereses directos en la minería, como es el caso de Leonardo Álvarez de San Julián y otros que podrían tener lazos ocultos con empresas mineras, ya sea a nivel provincial o nacional. Más allá de que existen diputados como el Sr Quintana con un proceso penal por peculado y el propio Vicegobernador que está sospechado y denunciado por relaciones incompatibles en zona norte, habrá que observar en detalle ciertos aspectos del comportamiento político que desarrollen los nombrados, como así también su crecimiento patrimonial y posibles vinculaciones con empresas nuevas o creadas al efecto, para prestar servicios o bien servir de pantallas.

No existe una explicación posible a la actitud dilatoria que pretende, en medio de la peor crisis que vive Santa Cruz, evitar cobrarles a las mineras que hacen negocios entre ellas con las riquezas del subsuelo santacruceño y el futuro de todos y cada uno de nuestros hijos. La posición arbitraria y evidentemente contraria a los intereses de la provincia tiene dos respuestas: o son tontos o son cómplices y claro está que de los nombrados, ninguno es tonto.

La UCR ha acompañado la creación de este cánon especial minero, con el fin de conseguir recursos para el Gobernador que tiene importantes problemas de caja, pero han sido los mismos kirchneristas quienes se oponen a que las mineras paguen

Al respecto la legisladora Radical Stella Maris Bubola señaló “Es una locura lo que sucedió porque este proyecto había tenido amplio debate en comisiones, y obtuvo despacho de tres comisiones. Con lo cual nadie puede decir en la legislatura que desconoce la iniciativa. También son una locura los argumentos esgrimidos por parte del oficialismo al decir que esta norma debe ser consensuada con el gobierno nacional”, remarcó Bubola al tiempo que agregó: “Acá siempre pasa lo mismo, en las declaraciones son todos buenos y todos piensan en la gente, pero cuando llega la hora de trabajar y votar a favor de los vecinos, prefieren ponerse del lado de los intereses privados y las corporaciones.”

Para la diputada radical la demora en el tratamiento de esta norma sólo es para dar lugar a los intereses de las empresas mineras: “No hay otra explicación. El proyecto es para cobrar un impuesto a las empresas mineras que son vendidas, y hay un grupo de dirigentes encabezados por los diputados de la Cámpora que no quiso hacerlo. Eso es lo único que quedo claro. La provincia necesita recursos genuinos y grabar la renta minera es el camino correcto, pero parece que el lobby es más fuerte.”

La diputada también remarcó que su partido tiene varios proyectos para elevar las regalías mineras, que hoy apenas llegan al 3%, pero dijo que los mismos duermen en comisiones porque el Gobierno y sus diputados no permiten su aprobación.

Para Bubola esta sesión también dejó clara la necesidad de que se transmitan en directo por Canal Nueve para toda la provincia las sesiones de la legislatura.

“Es necesario que todo el pueblo vea sin censura ni retoques como obran sus representantes; para que quede claro a la sociedad quienes dicen una cosa y hacen otra y quienes sostienen sus convicciones. Porque en este tipo de temas es fácil salir a hablar de recuperar la renta minera y de los intereses de Santa Cruz pero a la hora de votar un impuesto a las mineras para que la provincia consiga fondos genuinos ni el Vicegobernador acompaño el proyecto”, concluyó la legisladora. (Agencia OPI Santa Cruz)

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http://www.opisantacruz.com.ar/home/2012/07/10/quejas-y-rechazos-a-la-actitud-de-la-campora-y-el-vicegobernador-de-no-querer-cobrarles-a-las-mineras/14597