05/03 – 14:00 – Lo que parecía ser una exclusividad del gobierno nacional, fue adoptado por las empresas mineras que han elaborado un “Mapa de Conflictos Mineros”, que no es otra cosa que la reunión de información sobre organizaciones sociales, gubernamentales y medios de comunicación, para establecer quiénes son “amigables” con la minería y quien no. En el contexto de sus análisis, las mineras los clasifican en “favorables” (a quienes permiten, admiten o no cuestionan su accionar) y “desfavorables” a quienes se oponen por cuestiones ambientales o de otro tipo. El líder de este mecanismo en Santa Cruz es Cerro Vanguardia. Imperdible documento que desnuda una falacia peligrosa que comienza a vivir nuestro país en manos de las multinacionales y (lo peor) con la complicidad de actores locales ¿Podría terminar esto en listas negras de trabajadores, empresas y comercios relacionados con las mineras?.
Las empresas mineras de la Argentina, han organizado un programa denominado “Mapa de Conflictos Mineros” que dicen desarrollar en el marco del proyecto “Plataformas de Diálogo para el Desarrollo Minero Responsable en Argentina”, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD- oficina de Argentina, área de Gobernabilidad Democrática) y contando con la asistencia técnica del Proyecto Regional de Diálogo Democrático del Programa de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (PRDD), figura expresado en el site de presentación.
De lo que se trata en realidad es de un trabajo de reunión y recopilación de información (puede ser pública, privada, reservada o hasta inclusive de origen desconocido) encargado a varias consultoras o relacionadas y alimentadas por los DDPP de las mineras o a través del periodismo especializado, que contribuye con el objetivo de esa reunión informativa.
Este título tan largo como vacío en sus contenidos esenciales, donde sus autores se apuraron a incluir la palabra “democracia” en cuanta frase lograron insertarla, resguarda, en realidad, un peligroso objetivo que destiñe la intención “pública, democrática y participativa”, que sus autores fingen perseguir, no solo desde lo que buscan como difusa finalidad de este “programa”, sino porque están explicados con una redacción llena de términos y palabras que suenan coherentes, pero que sustancialmente no dicen nada; es decir: una falacia (Argumento falso pero aparentemente verdadero para inducir a error o engaño), hecho que demostraremos más adelante.
Favorables o desfavorables
Lejos del cúmulo de palabras con el que los generadores de este ridículo (y peligroso) “proyecto”, pretenden definir y defender la idea absurda de esta suerte de “control social” que han inventado, nosotros vamos a explicar en pocas palabras y claramente lo que buscan hacer con este mecanismo.
El proyecto consiste en marcar los lugares en los cuales se desarrolla la minería en un mapa, marcando – al mejor estilo del MI5, cada emprendimiento como un “caso” (Santa Cruz, es el “caso” que nos interesa) y realizar un cuadro con los actores (sociales, políticos, medios de comunicación, entidades intermedias, ONGs etc) donde, a partir de información previa que poseen, la cual obviamente ha sido recolectada mediante un aparato de reunión de información que crearon las mineras, son volcadas en calidad de “resumen de antecedentes” del sujeto de estudio y se lo etiqueta como “favorable”, en caso de que el sujeto sea permeable, facilitador y “amigable” con la minería o “desfavorable” en el caso de que el sujeto se caracterice por poner palos en la rueda al desarrollo minero en cada región. Para llegar a esto hace falta una cualificación del sujeto en todos sus aspectos, es decir estudiarlo a partir de sus antecedentes, determinar sus fortalezas y debilidades.. Finalmente, tabularlo en un segmento de “peligrosidad” (para la actividad) de acuerdo a la escala valorativa que se haya propuesto, en este caso “favorable o desfavorable”.
De alguna manera lo que han “inventado” las mineras no es otra cosa que una tabla de control social donde los sujetos de acción aparecen calificados de acuerdo al grado de conveniencia que tengan en el resguardo de la actividad minera y particularmente de cada uno de los emprendimientos que se realizan en el país. Si uno hace “click” sobre cada emprendimiento, se despliegan una tabla, donde se enumeran los actores sociales y se los califica, lo que implica lisa y llanamente una tarea ilegal de inteligencia previa, desarrollada por entidades empresarias que no debieran promover este tipo de actividades incompatibles con un estado democrático.
Cabe apuntar que para llegar a la parte conclusiva (las pocas líneas que el cuadro muestra donde cada sujeto es calificado de “favorable o desfavorable”) las empresas deben haber transitado por una extensa tarea de reunión, análisis y conclusión, típico del más afinado aparato de inteligencia, donde no están exentos gabinetes de profesionales que evalúan los comportamiento sociales y realizan prognosis o al menos contemplan proyecciones sobre los comportamientos de masas o de núcleos reducidos de personas. Esto, entre otras cosas, les permite a las empresas evaluar condiciones previas, diagramar nuevas estrategias para producir convencimiento en la población a la que llegan con sus proyectos, reducir el margen de error en la capacidad de respuesta ante los grupos ambientales que los enfrentan, poder descalificar públicamente a las ONGs con datos ciertos a partir del conocimiento pleno que poseen de cada actor que se le opone, argumentando sus descargos con datos que pueden ir de los institucional a lo personal (ejemplo: determinada persona que lidera un grupo de ambientalistas, puede ser denunciado porque posee algún proceso penal en curso o determinada “debilidad” que le otorgue descrédito ante la opinión pública); además les permite confundir a la OP, revertir procesos, argumentos y acusaciones, hilvanar estrategias en conjunto y presionar a los sectores de oposición, dado que muchos no querrán ser tabulados como virtuales “enemigos públicos” en esta suerte de “escrache” que inventaron las empresas para contrarrestar el creciente ánimo público que se manifiesta en contra de la megaminería y las bajas regalías que dejan en el país.
Otro aspecto a no perder de vista, es la actividad que en este sentido las empresas mineras podrían estar realizando de aquellas empresas prestadoras de servicio y hasta del personal, ya que el armado de este andamiaje de trabajo (bastante complejo y ciertamente costoso) permite indagar, cualificar, cuantificar e investigar a cualquier sujeto relacionado con el orden minero. Es decir, este ejercicio que hoy las empresas intentan “blanquear” bajo cierto maquillaje de democracia participativa en las relaciones mineras-pueblo,podría generar el día de mañana “listas negras” de trabajadores y de empresas de servicios o comercios, que obviamente no serán de conocimiento público, pero formará será parte de la información que compartan las mineras en forma reservada, obtenida y conformada por este verdadero “Proyecto X” que han desarrollado, similar en su esencia, aunque modificado en el aspecto procedimental, al que el gobierno nacional lleva adelante con la Gendarmería Nacional, para control de los conflictos sociales.
ONG santacruceñas, desfavorables
Dos entidades ambientalistas de la provincia como son la Asambleas de Vecinos Autoconvocados Los Antiguos, Perito Moreno y la Asamblea Ambiental Ciudadana de Santa Cruz (Rio Gallegos y San Julián) han sido calificadas como “desfavorables”, en el inventario de Inteligencia que confeccionó Cerro Vanguardia y seguramente será copiado por las mineras en el país y cabe preguntarnos si esto también fue ideado, generado y propuesto en la OFEMI?.
El increíble “informe de situación” (eso es lo que constituye el cuadro) que presenta Cerro Vanguardia bajo el eufemismo de “Mapa de actores del emprendimiento” (esto vendría a ser un informe individual que cada minera lleva de aquellos actores o sujetos que impactan en la actividad que cada una desarrolla en un lugar determinado), está dividido por “sectores”, entre ellos el “Gubernamental”, el “Sector empresario”, el “Sector Social” y el “Sector Académico”.
A su vez cada sector tiene cuatro subdivisiones: “Actor”, donde se nombra al sujeto de análisis; “Descripción” donde se destaca de quién se trata; “Posicionamiento”, en cuyo cuadro se resume las actividades que despliegan (manifestación en contra de la megaminería o la contaminación que produce CV) y finalmente “Estrategia”, lugar en el cual sintetizan las acciones que llevan adelante (manifestaciones, petitorios, declaraciones públicas, solicitadas, etc)
Por ejemplo Cerro Vanguardia detalla: (Actor) Autoconvocados Identificados con San Julián o contra CV. (Descripción) Grupo de vecinos autoconvocados que se manifiestan en oposición a Cerro Vanguardia. (Posicionamiento) Desfavorable
Otro de los sujetos aludidos es Vecinos Autoconvocados Los Antiguos. (Descripción) Destinado a mostrar la problemática ambiental la cual es preocupación de la ciudadanía. Esperando que el estado pueda oírlos y compartir sus preocupaciones. (Posicionamien
También señalan a la Sociedad Rural de San Julián, a quien catalogan como “Medianamente desfavorable o favorable con condiciones”, argumentando que “Algunos refieren al rechazo de la minería en relación al uso de los recursos hídricos. Otros argumentan necesidad de mejores condiciones de negociación por el usufructo de la tierra”. Sobre las “estrategias” de los rurales, indica “Confrontación/Diálogo Ha mantenido reuniones con el gobernador donde se plantearon dos inquietudes: La posibilidad de crear una delegación de la Dirección de Minería en San Julián y una reforma al Código Minero. Existen referencia escueta en medios al rechazo a las estrategias existentes de la empresa y crítica por el uso de los recursos hídricos, que no se han podido confirmar”.
Así de esta manera Cerro Vanguardia cataloga a cada actor, considerando, obviamente, como favorable al gobierno provincial, a la Secretaría de Minería y “favorables con condiciones” a otros organismos y entidades. La gran pregunta que nos hacemos es si en realidad con este procedimiento, las empresas no terminan haciéndole un favor a quienes son finalmente marcadas como “desfavorables” por el aparato de inteligencia minero y hunden en compromisos espurios a quienes consideran como favorecedores de la actividad depredadora que realizan.
Los “Desfavorables” de La Alumbrera
El mismo mecanismo se encuentra haciendo “click” sobre el ícono de La Alumbrera, en el mapa nacional que indica el emprendimiento minero de Catamarca. Allí, por ejemplo se indica como “favorable” al gobierno provincial, a la Secretaría de Estado de Minería, al Defensor del Pueblo de Catamarca, entre otros y como “desfavorables” a la Intendencia de Andalgalá, al Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, a los Autoconvocados de Andalgalá, a los Autoconvocados de Tinogasta, a la Asamblea Socio Ambiental del valle de Catamarca, a la Asamblea Ambietal del NOA, etc y en todos los casos son marcados, enunciados y expresados los conceptos, como lo hace Cerro Vanguardia en la evaluación de aquellas organizaciones que se vinculan con la minería o que rechazan la actividad megaminera o controlan y discuten el impacto ambiental y la contaminación.
La gran falacia
El texto que desarrollamos a continuación es largo, pero ciertamente muy expresivo de la nebulosa que cubre a todo este proyecto impulsado por las mineras, con la anuencia del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sin duda. Por ello le pedimos al lector que se arme de paciencia y asombro y repase cada uno de los párrafos que han armado y nosotros transcribimos del site oficial.
Es parte de la explicación que dan los precursores de este “Mapa de Conflicto Mineros” para argumentar su existencia y los objetivos que persiguen. El lector va a encontrar en todo el texto una verdadera alegoría y un uso intensivo de la falacia; es decir hablar mucho para no decir nada y ocultar, tras argumentos poco legibles, un objetivo oculto. Dice el texto de las mineras:
Se ha identificado que entre las principales dificultades para alcanzar consensos amplios respecto a la política minera en la Argentina, se encuentra el debate en torno al marco legal-institucional minero vigente y las políticas públicas derivadas del mismo, y, en particular, respecto a la contribución de la actividad minera de gran escala a un proceso de desarrollo sustentable para el país.
Profundizar dicho debate, es un paso necesario para construir una visión compartida sobre el modelo deseable de desarrollo sustentable a largo plazo, se estima importante generar las condiciones para promover procesos sociales, políticos de diálogo y deliberación pública. Estos deben contribuir a mejorar los procesos de diseño e implementación de políticas específicas y que faciliten la transformación constructiva de la conflictividad torno a la actividad minera en el país.
En este sentido, se propuso generar información legítima, confiable y relevante a través de la elaboración de un Mapa de Conflictos Mineros en Argentina, que sirva como un instrumento de acceso a la información y que propicie, a su vez, las condiciones para el desarrollo de procesos de deliberación pública y elaboración de políticas especificas.
Esto se traduce en:
A) El desarrollo de un Mapa de Conflictos Mineros en Argentina. La información de base fue recopilada a partir de fuentes primarias (entrevistas personales o telefónicas) y secundarias (estudios de caso, artículos de prensa on line, legislación, estadísticas, fuentes oficiales, etc.). Se pretende que la información sea actualizada de manera interactiva por todos los actores vinculados o afectados a los emprendimientos.
El Mapa de Conflictos Mineros es una herramienta de información que permitirá al usuario conocer los emprendimientos en relación a su conflictividad (descripción de conflictos) y el contexto: ambiental (suelos, cursos de agua superficiales y subterráneas, eco regiones, áreas protegidas, etc.), legal (normativa minera, ambiental, etc.), económico (canon y regalías , representatividad minera en la producción local, índices micro y macroeconómicos de la regiones mineras, etc.), social (desarrollo humano, vulnerabilidad, desarrollo de sociedad civil, etc.) y también desde la comunicación.
El Mapa busca situar emprendimientos de gran escala, 9 de estos son analizados más profundamente con información de contexto, y 2 de estos contaron con un estudio particular, a partir del desarrollo de un proceso de consulta sobre la información relevada y la situación de la conflictividad a nivel local.
B) La conformación de una “Plataforma de diálogo e intercambio de información y generación de confianza multisectorial” para el análisis estratégico de las causas de la conflictividad, y generación de consensos mínimos en el abordaje de conflictos mineros. A partir del mapa producido se busca conformar una plataforma de gestión del mismo que definirá el mecanismo de adhesiones y la dinámica de actualización de información.
En una primera instancia de diseño del proceso se conformará un grupo promotor, con las organizaciones que ya han adherido al proyecto, posteriormente se buscará integrar a otras organizaciones e instituciones.
Características del Mapa de Conflictos Mineros
Es un sistema de información social integrado sobre la conflictividad de la actividad minera en el país, que buscará constituirse en instrumento de acceso a la información, en insumo facilitador de procesos de diálogo, y en material útil para la elaboración de políticas públicas. Fue concebido como un sistema de información social de acceso público. Es una herramienta provee información organizada sobre la situación en la que se encuentran distintos emprendimientos mineros del país, en relación a los conflictos potenciales o manifiestos que se generan en torno a ellos.
Está elaborado sobre la base de un protocolo de investigación, una cartografía que contempla diferentes niveles de análisis (contextuales, situacionales e interpretativos) y ejes temáticos interrelacionados (ambiental, legal, económico, social, cultural), que permiten comprender las situaciones de conflictos y su dinámica.
En síntesis:
1) Es un sistema de información social integrado, de acceso público, y que brinda elementos para fundamentar y orientar tanto las demandas como las decisiones de política minera. Especialmente relevante para promover procesos de elaboración de políticas de ordenamiento territorial.
2) Propone una estrategia de construcción de información que intenta promover la compresión y la confianza entre diferentes actores, encontrando vías de comunicación de calidad para la integración de la información y evitando que los conflictos escalen como consecuencia de la falta de información comprensible, así como por una comunicación deficiente o perturbadora.
Considerando estos aspectos, la utilidad del mapa reside en ser un instrumento que ofrece la posibilidad de disponer de un marco de referencia y lenguaje común, de establecer conceptos y definiciones operativas compartidos, construir fundamentos objetivables para la discusión y la reflexión conjunta, producir conocimiento, trazar un hilo conductor para la acción de y entre actores diversos, favorecer la equidad en el acceso a la información y en la comunicación de posicionamientos, hechos y acciones.
En este sentido, el mapa puede ser utilizado por todos los actores en forma conjunta o sectorial. En el primer caso, puede aplicarse para facilitar los procesos de elaboración de políticas de transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana y planificación u Ordenamiento Ambiental del Territorio (instrumento fundamental para la prevención de conflictos en torno a la minería) y para promover indicadores que permitan evaluar la eficacia de las políticas generadas para la prevención y gestión de la conflictividad minera.
A su vez, este sistema de información puede ser utilizado sectorialmente como insumo para la toma de decisiones de cada uno de los actores en tanto permite seleccionar o redirigir las estrategias que despliegan y que dinamizan los conflictos, sobre una base de información común, que reconoce al otro y al contexto en el que se desenvuelven. (Agencia OPI Santa Cruz)
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http://www.opisantacruz.com.
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