10/12 – 10:00 – Autoridades nacionales y el gobierno de la provincia suscribieron un acuerdo con largo nombre y sospechoso cumplimiento. Es una estrategia en común, a la que adhieren todas las partes, donde no está claro qué aporta finalmente para el Estado provincial, si es un seguro de producción para las empresas o un compromiso gremial de no reclamarle nada a las multinacionales. Por otro lado ¿Implicará esto que las anormalidades que persisten en el sector minero serán “olvidadas” o “pacificadas” con esta “buena onda” que pone el gobierno?.
El Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, participó junto a la Presidente Cristina Fernández de Kirchner del acto de firma del Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria Minera. Dicho pacto se rubricó con los sectores empresariales, sindicales y las provincias mineras.
De acuerdo a la información oficial “este acuerdo tiene por objetivo trabajar de manera conjunta para sostener y acrecentar el vigoroso crecimiento de la minería argentina. Esta actividad promueve los distintos desarrollos regionales aprovechando el efecto dinamizador que la actividad minera genera en el empleo, la economía y la creación de infraestructura, entre otras cuestiones” dice la atractiva propuesta.
“Para que la continuidad de este crecimiento se vea garantizada en todos los sectores se acuerda esta mesa nacional de diálogo en la que se deberán dar todas las instancias de negociación entre los diversos actores involucrados. De esta manera el diálogo se instrumentará como herramienta de resolución de conflictos, permitiendo evitar y/o resolver cuestiones controversiales”, señala en otra párrafo la información de gobierno.
«Sin ninguna duda creo que va a marcar un precedente muy importante para que se agoten las instancias de dialogo» puntualizó Javier Castro, Secretario General de la A.O.M.A.
Dudas
Indudablemente que cualquier acuerdo, por irrisorio que sea es bienvenido; ya sea en el marco de la minería como en el de cualquier actividad que pueda garantizar un entendimiento genuino. Ahora bien, ninguna de las partes “acordantes”, ya sea la presidenta Cristina Fernández, el Gobernador Peralta o su interlocutor, el Jefe de Ministros y mucho menos el Secretario General de AOMA, explicaron en profundidad y claramente en qué consiste este “compromiso” con nombre rimbombante, ni cuáles son los efectos benéficos para el trabajador; porque hasta donde sabemos todos los conflictos que se han vivido en el sector minero se concluyeron mediante acuerdos y consensos, agotando las instancias de diálogo. Tampoco se dice si esto en realidad es una forma de actuar corporativamente para la resolución de los conflictos, tomando medidas universalizadas ante problemas que pueden no ser ni parecidos los del norte con los del sur. O si como dice Castro el “que se agoten las instancias de diálogo” significa que le arriendan un seguro a las empresas de que (al menos desde el gremio) no se van a tomar medidas extremas como bloquear rutas, parar la producción etc.
Una vez más hay un tufillo a cosa inservible en el medio de este título exuberante y se percibe una estrategia para cerrar filas entre gobiernos, mineras y sindicatos, para abroquelas esfuerzos y lograr lo que es una política de Estado: facilitarle a la minería (o a las mineras, más precisamente) que no se interrumpa la actividad por ninguna razón y especialmente por descontento de los trabajadores, ante lo cual el Sindicato tiene una enorme responsabilidad que este “acuerdo” lo hará poner entre la espada y la pared.
Si este acuerdo tiene la misma efectividad que el Pacto Social firmado en la mesa de De Vido con los petroleros, nació muerto. Si este “acuerdo” intenta someter los problemas que padecen los trabajadores al arbitraje de una “comunidad” de intereses mineros nacionales, no hay dudas que quien perderá, en definitiva, va a ser el trabajador minero.
Finalmente, cabría preguntase si este Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social Minero, está orientado a “ordenar” los reclamos y por cierto, silenciarlos. También sería interesante saber si los grandes problemas que hay desde hace mucho tiempo en los yacimientos, quedarán olvidados o relegados en función de tanta generosidad como la que muestran los gobiernos (nacionales y provinciales) junto con el gremio que, además de acordar a favor de sus afiliados, está para velar por ellos, reclamarle a la patronal y exigirle el cumplimiento de tantas normas y reglamentaciones que hoy la mayoría de las empresas vulneran o desconocen. (R. Lasagno/Agencia OPI Santa Cruz)
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