Tres consorcios en carrera
Tres consorcios empresarios presentaron ayer sus ofertas para desarrollar las represas de Cóndor Cliff y La Barrascosa en la provincia de Santa Cruz. El anuncio fue realizado ayer por Cristina Fernández de Kirchner. La obra demandará seis años de construcción y prevé aportar una potencia de 1740 megavatios, que permitirá producir una energía media equivalente al 5 por ciento de la demanda actual. Uno de los consorcios interesados lo integran Electroingeniería, Iecsa y José Cartellone. El segundo grupo está compuesto por la Corporación América de Eduardo Eurnekian, Impsa (Pescarmona) y la brasileña Camargo Correa. Mientras que el tercero quedó conformado por Benito Roggio, Esuco y Supercemento.
La obra había sido planificada inicialmente en la década del ’70 por la ex empresa estatal Agua y Energía. El informe elaborado entonces indicaba que “el río Santa Cruz es uno de los de mayor potencialidad hidroeléctrica del continente sudamericano, porque tiene un flujo de caudal muy parejo durante todo el año”. Sin embargo, en ese momento no se avanzó porque la Patagonia estaba prácticamente desconectada del resto del país. Desde 2004 se comenzó a trabajar en la interconexión del sur argentino con las obras de Choele-Choel, Puerto Madryn y Pico Truncado que ahora hicieron posible impulsar este nuevo emprendimiento.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, se encargó de defender la iniciativa de las críticas recientes al resaltar su carácter estratégico e intentar dejar en claro que la licitación no fue hecha a medida de “empresas amigas del Gobierno”, como denunció Clarín el domingo pasado. “Acá no hay amigos y enemigos. Hay quienes están interesados y quienes no lo están, pero quienes no están interesados no es que se fueron a invertir a China, Uruguay o Brasil. Están invirtiendo en la Argentina en proyectos inconclusos similares. Está claro que son inversores argentinos a los que apreciamos y reconocemos la tarea y el esfuerzo que están llevando adelante”, sostuvo. En ese grupo incluyó a las firmas Isoluc Corsan, Aluar y Techint, las cuales habían estado interesadas y luego decidieron no presentarse.
Según De Vido, Isoluc Corsan desistió de participar porque resultó adjudicataria de la Usina Térmica de Río Turbio, Aluar porque “está interesada en otros proyectos térmicos en la provincia de Chubut”, y Techint porque “acaba de terminar la represa de Caracoles y en este momento está haciendo la represa de Punta Negra”. Luego aprovechó para destacar que el desarrollo de algunos de estos emprendimientos se enmarca en el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas presentado el año pasado y con el cual se prevé incorporar 8250 gigavatios hora en los próximos seis años. Ese programa forma parte a su vez del Programa Energético Nacional que tiene un presupuesto aprobado para 2010 de 17.302 millones de pesos.
De Vido aprovechó la referencia al presupuesto para cuestionar con dureza a Jorge Lapeña, ex secretario de Energía del gobierno de Raúl Alfonsín, quien en los últimos días afirmó que las represas se deberían financiar con fondos específicos. “La Peña, uno de los que destruyeron YPF y que nos daba seis horas de luz y seis horas de sombras, habla de fondos específicos. ¿Saben qué son los fondos específicos? Significa que quieren aumentar la nafta, la luz y el gas para que el señor y la señora que están en su casa paguen la represa. Nosotros, en cambio, queremos que la represa la financie el Estado nacional, pero con participación del capital privado”, afirmó el ministro. También aprovechó para criticar a Daniel Montamat, otro ex secretario de Energía radical, quien pidió que en lugar de gastar en la construcción de represas se diversifique la matriz. “Evidentemente el ingeniero Montamat estaba en Punta del Este cuando nosotros impulsamos aquí en enero con mucho calor el aporte de 1460 megavatios con energía eólica, biocombustibles, energía solar y todas las energías alternativas disponibles hay en Argentina”, remató. Luego retrucó las críticas del ex gobernador santacruceño Sergio Acevedo, a quien apodó “mandato frustrado”, referidas a los costos, comparando el precio de las nuevas represas con obras anteriores para demostrar que está dentro del promedio.
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